La fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, anunció este jueves que se imputarán nuevos delitos a los miembros del Comando Central (COCE) del Ejército de Liberación Nacional (ELN) por las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la ofensiva armada que azotó el Catatumbo desde el 15 de enero.
Esta ofensiva dejó una marcada crisis humanitaria en la región y encendió alarmas a nivel nacional e internacional.
Las nuevas imputaciones buscan responsabilizar directamente a los cabecillas del ELN, entre ellos Nicolás Rodríguez Bautista, alias ‘Gabino’; Eliécer Herlinto Chamorro, alias ‘Antonio García’; Israel Ramírez Pineda, alias ‘Pablo Beltrán’; y Gustavo Aníbal Giraldo, alias ‘Aureliano Carbonell’. Según Camargo, la decisión responde a «evidencias contundentes de la autoría y responsabilidad directa» en los actos violentos que se atribuyen al Frente de Guerra Nororiental, una de las estructuras más activas de esta organización armada.
En un movimiento clave, la Fiscalía confirmó la reactivación de las órdenes de captura contra 31 miembros del ELN, revocando el beneficio de suspensión que les fue otorgado durante los diálogos de paz entre 2022 y 2023. La medida también incluye la activación de alertas rojas de Interpol para capturar a los líderes de la guerrilla fuera de Colombia.
El general William Salamanca, director de la Policía Nacional, aseguró que esta decisión «no solo fortalece la lucha contra la impunidad, sino que envía un mensaje claro de que los delitos graves no quedarán sin castigo, sin importar el contexto de negociación».
La región del Catatumbo, en Norte de Santander, fue escenario de una violenta ofensiva atribuida al ELN desde el 16 de enero. Según la Fiscalía, las acciones incluyeron desplazamientos forzados, amenazas a líderes comunitarios, ataques a la infraestructura y bloqueos de vías, agravando la situación de miles de civiles.
Un mensaje publicado en redes sociales por alias ‘Antonio García’ confirmó que los hechos fueron parte de una «estrategia militar» del grupo armado, lo que, según Luz Adriana Camargo, refuerza las pruebas en su contra. “Los actos del ELN no solo vulneraron derechos fundamentales, sino que también rompieron con los compromisos asumidos en los escenarios de diálogo”, afirmó la fiscal.
El anuncio genera un giro inesperado en el proceso de paz entre el Gobierno y el ELN, que buscaba avanzar hacia la desescalada del conflicto. La figura de alias ‘Pablo Beltrán’, jefe de la delegación de negociación, se encuentra ahora en el centro del debate, dado su papel en las conversaciones.
Organizaciones de derechos humanos y analistas políticos advierten que esta medida puede agudizar las tensiones y dificultar el retorno a la mesa de diálogo. Sin embargo, la Fiscalía insiste en que su deber es garantizar justicia para las víctimas y hacer cumplir la ley.
La reactivación de las capturas marca un nuevo capítulo en la compleja historia del conflicto armado en Colombia, planteando interrogantes sobre el futuro de los esfuerzos por alcanzar una paz duradera. Mientras tanto, la región del Catatumbo sigue clamando por soluciones urgentes que protejan a la población civil en medio de la violencia.
