Según información de la Defensoría del Pueblo y la Gobernación de Norte de Santander, el dato de homicidios en la zona oscila entre los sesenta y los ochenta.
El agravamiento de la crisis humanitaria en el Catatumbo, una región de Norte de Santander fronteriza con Venezuela en la que la población ha quedado atrapada o ha buscado escapatoria del fuego cruzado entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la disidencia de las Farc Frente 33, es palpable.
Los datos de personas desplazadas forzosamente, confinadas o asesinadas siguen aumentando con cada balance de las autoridades. La Defensoría del Pueblo, citando al Comité Territorial de Justicia Transicional Ampliado de Norte de Santander, cifró los desplazamientos en 36.139.
Las autoridades castrenses hacen presencia en todo el Catatumbo, incluso con artillería, y llevan la orden del Gobierno nacional de avanzar en una ofensiva contra el ELN para retomar el control del territorio, en disputa entre la guerrilla y las disidencias por ser epicentro de la hoja de coca en la frontera.
Según el Ejército, el fortalecimiento de las capacidades militares en la zona, que incluye Fuerzas Especiales y componentes especializados, ha llevado a veintidós miembros del frente ‘Mariscal Antonio José de Sucre’, entre los que hay tres menores de edad, a entregarse a las autoridades en El Tarra y Tibú.
La Defensoría, por su parte, indicó en su balance del 22 de enero que seis firmantes de paz han sido asesinados, siete han sido desaparecidos —aunque dos fueron ya liberados— y 102 se han desplazado forzosamente. “En Ocaña, los y las firmantes solicitan refugio por alto riesgo”, subrayó la entidad.
El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, reporta ochenta asesinatos. La Defensoría ha podido verificar, gracias a “información de diferentes espacios de articulación”, al menos sesenta. Y Álvaro Carrascal, líder social en Teorama, Norte de Santander, permanece secuestrado.
